Trastabilleo legislativo

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Trastabilleo legislativo
Por  David Alanis  5 de Diciembre de 2018, 10:36 pm

En los últimos días el tema de la remoción de los titulares de las Fiscalías General y Anticorrupción ha sido el tema de enfrentamiento entre los diputados y en su mayoría diputadas de la 54 Legislatura local. Hasta ahora han sido tres los grandes motivos de su polarización: Primero, fue la reforma a la Ley Orgánica del Ejecutivo estatal; luego la famosa prórroga de 30 días para que el gobernador entregara su propuesta de paquete económico 2019, y ahora las pugnas se centran en la permanencia o remoción de los fiscales. No hubo necesidad de que, a Vicente Loredo, hoy ex titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, le pidieran su renuncia, solito entendió el mensaje y mejor prefirió poner piernas de por medio.

En realidad, Vicente Loredo pudo ser el que mayores garantías de permanencia en el cargo tendría, por su cercanía con la hoy senadora Lucía Meza Guzmán, con quien logró mucho hasta colocarse en dos ocasiones en la ESAF, antes Auditoría Superior. Sin embargo, previo al proceso electoral prefirió fortalecer sus lazos con el tabasqueño Graco Ramírez y prácticamente se distanció de la cuautlense Lucy, quien seguramente habría metido las manos al fuego por él.

Hoy quizá la realidad de Vicente Loredo sería otra, pero en sus decisiones definió su penitencia. Por ahora ese órgano con muchos asuntos por resolver, se mantiene acéfalo y hasta ahora no hay claridad sobre quién o quienes pudieran participar para ocupar el cargo por el que tendrá en sus manos la revisión de todos los pendientes de la administración estatal pasada y de todos los ayuntamientos que están por concluir. Y aunque no tuvo que pasar por las manos de los legisladores la decisión de cesar o no a Loredo, si tienen la responsabilidad de elegir y hacerlo bien, al nuevo Auditor, que no sirva a un puñado de legisladores o al gobernador, sino que de verdad se dedique a revisar de manera eficiente y honesta, el manejo de las finanzas públicas en todo el estado.

Recordemos que en el pasado reciente la Entidad Superior, así como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, literalmente se convirtieron en los dos brazos ejecutores que hostigaban t perseguían a todos los presidentes municipales que no comulgaban con el proyecto del tabasqueño Graco Ramírez. Incluso durante los últimos seis años hubo presidentes municipales que fueron a dar la cárcel, por sus diferencias por el entonces gobernador. De ahí que, es necesario que la persona que llegue a la ESAF sea garante de legalidad y no un ente más al servicio de los intereses de un grupo de poder.

Regresamos al tema de los fiscales y es que la disputa entre los legisladores sobre todo del Partido del Trabajo, Tania Valentina y José Casas, con sus homólogos de MORENA, sigue agudizándose más y no precisamente por defender al Ejecutivo estatal. Es claro que a los legisladores del Partido del Trabajo les mueve la ambición económica y de poder, por lo que en contubernio incluso con agentes externos al Ejecutivo y al legislativo, pero sobre todo por compromisos que hicieron en campaña, hoy quieren recuperar espacios en la Fiscalía General y la de Anticorrupción, porque a final de cuentas no se trata sólo de dos posiciones más, sino del manejo operativo y financiero de esas dependencias. Seamos claros: está en juego mucho poder y mucho dinero. Por esa razón, las diputadas y el diputado de MORENA, asumen una postura no en defensa de los compromisos del tabasqueño Graco Ramírez, sino para evitar que El llamado G9 que coordinan Tania y José Casas, siga asumiendo espacios de control.

Por esa razón, ayer en conferencia de prensa, los dos personajes en cuestión; es decir Tania y José, exigieron que Miguel Lucia Espejo, ex líder de MORENA en Morelos y hoy representante del gobierno federales antes los legislativos y ejecutivos estatales, saque  las manos del proceso sobre los fiscales e incluso señalaron que los y las diputadas de MORENA, por ese motivo no se han presentado a las sesiones de la Junta Política, para reventar la posibilidad de un acuerdo en torno al tema.

Aún más, la guerra en redes sociales, sobre todo, en contra del actual Comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, tiene el mismo objetivo, recuperar una plaza operativa, para un grupo de poder que se dice cercano al Ejecutivo estatal y que mantiene lazos de control, eso sí muy real, en el legislativo. Habrá que estar muy atentos, porque no se trata sólo de destituir a capricho sino de mejorar la seguridad y la justicia en nuestro tan golpeado estado de Morelos. No se trata de quitar y poner algo similar; debe haber un viraje de 180 grados para no repetir lo que ya se ha venido haciendo mal, porque mientras los legisladores se deshacen en la pugna por sus intereses, en la Fiscalía hay un vacío de poder por el que muchos delincuentes que están siendo detenidos recobran su libertad casi con inmediatez.

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