Capella en el banquillo de los acusados

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EDITORIAL
Capella en el banquillo de los acusados
Por  Editorial  15 de Marzo de 2019, 10:05 am

La inseguridad en Morelos, ha sido una herida que no ha podido cerrarse en los últimos tres sexenios de gobierno. Entre los discursos y promesas oficiales, las promesas de erradicación de la inseguridad en 180 días, los helicópteros del amor, las fosas de Tetelcingo y los desvíos millonarios, los anteriores gobernantes dejaron a la entidad, al borde del precipicio.

Ahora, es tiempo de enderezar el barco y una de las acciones iniciales, además de reforzar la seguridad en Morelos, es el castigar a los corruptos.

Así pues, según dieron a conocer medios nacionales, “la Comisión Estatal de Seguridad denunció ante el Órgano Técnico de Fiscalización de la Cámara de Diputados al excomisionado en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, por irregularidades detectadas en el manejo, administración, aplicación y desvío de los recursos federales de los programas de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018”.

El  actual comisionado de Seguridad en Quintana Roo fue acusado de incumplir con la impartición de al menos siete cursos de capacitación, adiestramiento y certificación para unos 400 elementos de las diversas instituciones de seguridad y de omitir la compra del material para estas labores.  Son 27 millones de pesos que se cobraron, pero nunca se aplicaron.

Fue el pasado miércoles, cuando en la oficialía de partes común de la Auditoría Superior de la Federación, se presentó la denuncia donde se atribuye responsabilidad administrativa y/o penal a Jesús Alberto Capella Ibarra, en su carácter de Comisionado Estatal de Seguridad Publica de Morelos, Fernando Aldape Salas, director de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad de Morelos y Juan Carlos Peniche Payen, coordinador de Desarrollo y Vinculación, y a  quienes resulten responsables de estas irregularidades. 

Los morelenses están ávidos de resultados, de sanciones ejemplares que, conforme los tiempos judiciales lo establezcan, se darán. Ello, obliga también a los actuales gobernantes a actuar con honestidad y suma transparencia.

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