Negra prisión

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Negra prisión
Por  David Alanis  24 de Mayo de 2019, 10:21 am

La noche del pasado miércoles una serie de mensajes y fotografías comenzaron a ser tendencia en las redes sociales de la entidad, pues se hablaba de varias versiones sobre hechos cometidos presuntamente en el Centro de Readaptación Social ubicado en Atlacholoaya, municipio de Yautepec. Primero se habló del fallecimiento de al menos dos reclusos por intoxicación, por los gases emanados de unas alcantarillas de drenaje que fueron abiertas. Sin embargo conforme fueron avanzando surgieron otras informaciones que hablaban incluso de que un grupo de la delincuencia organizada se había presentado en los accesos del penal para liberar al hijo de un narcotraficante José Valdés Chapa, conocido como “El señor de la V”. 

Posteriormente, se dijo que José Antonio, hijo del señor de la V había obtenido su libertad, luego de que un juez lo absolvió de los cargos de intento de homicidio, por los hechos suscitados en el 2017 cuando una familia fue masacrada por elementos de la policía de Morelos, en el municipio de Temixco. Finalmente, la Comisión Estatal de Seguridad sólo emitió un comunicado en el que dio cuenta que efectivamente se dio un incidente en el que dos reos sufrieron intoxicación, pero que ambos fueron trasladados a un hospital para su atención. No se aclaró si fallecieron o el estado de salud en el que se encuentran.  

Sin embargo, toda esta situación nos lleva a recordar las condiciones de hacinamiento en las prácticamente se encuentran casi todas las cárceles del país. Por su puesto Morelos, mantiene una sobrepoblación “peligrosa” de reos en todo su sistema carcelario. Un estudio publicado por INEGI el año pasado sobre el sistema penitenciario en el país, reveló que se registró un total de 188 mil 262 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de las entidades federativas al cierre de 2016, de las cuales 95% eran hombres y el 5% restante, mujeres. En cuanto a su estatus jurídico, 35% de la población reclusa no tenía sentencia y el grupo con mayor afectación fue el de las mujeres pues 44% de ellas aún estaba en proceso. Finalmente, para ese año los gobiernos locales reportaron que 111 mil 214 personas (59%) ejercieron alguna actividad ocupacional durante su periodo de reclusión; 71 779 (38%) se encontraban estudiando y/o recibiendo capacitación y 16 073 (9%) realizaban otro tipo de actividad. Todo esto, luego de que en el 2008 cambió la visión de los centros de reclusión, al pasar de lugares de castigo a espacios para la reinserción, lo cual a la fecha pocos resultados ha obtenido sobre todo porque la justicia se trunca por la gran corrupción que impera el sistema judicial de nuestro país.

Resulta importante destacar, que el estudio mostró que una de las características sociodemográficas relevantes es la edad. Las personas entre 18 y 29 años constituyeron el rango de edad en el que se concentró la mayor cantidad de personas recluidas. Durante 2016, 35% del total de las personas privadas de su libertad estaban en esta categoría. En contraste con las personas que superan los 50 años quienes representaron el 10% del total. La tendencia fue similar para hombres y mujeres, 35% y36% respectivamente eran jóvenes entre 18 y 29 años de edad. En cuanto a la escolaridad, destaca que el mayor porcentaje de reclusos solo contaba con educación básica. Para 2016, se registró que 69% de la población recluida únicamente tenía preescolar, primaria y/o secundaria. De ellos, más de la mitad (39%) reportó tener secundaria y la proporción restante (30%), preescolar o primaria. Finalmente, sobre el grado de alfabetismo de la población reclusa, 9 de cada 10 personas saben leer y escribir. En síntesis, los datos anteriores nos ofrecen una fotografía de las principales características de quiénes se encontraban en los centros penitenciarios estatales durante 2016, donde la mayoría fueron hombres, mexicanos, personas entre los 18 y 29 años de edad y secundaria como máximo grado de estudios concluido.

Ahora bien, en relación con los delitos del fuero común, el principal grupo de ilícitos cometido por las personas ingresadas a los centros penitenciarios en 2016 fue el de los relacionados con el patrimonio, 41% del total; le siguieron los delitos que atentan contra la seguridad pública y la seguridad del Estado con 17%. Esta agrupación de delitos también fue la de mayor representación en 2015 pero con 45% y 18% del total de los delitos del fuero común. Al revisar las cifras por tipo de delito específico, sin considerar las categorías de otros y los no especificados, se encuentra que los ingresos más frecuentes son por homicidio, robo, lesiones, posesión simple de narcóticos e incumplimiento.

Por otro lado, el tema de gran preocupación es la sobrepoblación en las cárceles, porque constituye un problema que se comparte en distintas latitudes. Para Elías Carranza, Criminólogo, director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Costa Rica ésta acontece cuando “la densidad penitenciaria es mayor que 100, porque hay más personas presas que la capacidad establecida para una prisión o para la totalidad del sistema”. Para medir la sobrepoblación, es necesario conocer la capacidad instalada de los establecimientos penitenciarios, es decir, los espacios destinados para albergar a la población reclusa (camas útiles), y posteriormente establecer la relación con el total de las personas privadas de la libertad. Pero, en el caso de las cárceles de la entidad, está claro que muchas celdas ni siquiera cuentan con camas y en un lugar creado para cuatro personas, pueden estar hasta 20 o más reclusos hacinados.

Los centros penitenciarios administrados por las entidades federativas, según la información recabada por el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales desde 2011 y hasta 2017, alojan, la mayoría, más gente de la que pueden acoger. La tasa nacional más baja se registró en 2016, periodo en el cual la sobrepoblación de las prisiones estatales llegó al 110%. Sin embargo, del 2011 al 2015 el promedio histórico de la tasa de sobrepoblación a nivel nacional superó el 120%, cifra considerada por el Consejo Europeo como sobrepoblación crítica. En 2010, había 183 mil 247 personas privadas de la libertad y en 2015 se registraron 217 mil 595, lo cual indica una variación del 19 por ciento. Respecto de la capacidad instalada, se puede apreciar la misma tendencia. En 2010, el sistema penitenciario en las entidades federativas podía albergar a 158 mil 665 y, en 2015, tenían espacio para 169 mil 227 personas recluidas. Lo anterior significa que en cinco años, la capacidad de las cárceles de los gobiernos locales se ha incrementado en siete por ciento. Por lo tanto, desde 2010 se observa una variación directa entre capacidad instalada y población. Sin embargo, para 2016 es posible ver que la población reclusa disminuyó 13 por ciento en relación con el periodo anterior y la capacidad instalada prácticamente se mantuvo igual. ¿Es entonces conveniente construir más prisiones para disminuir la sobrepoblación? Lo que sí es importante rescatar es que los penales no sólo en Morelos, sino en todo el país representan una gran carga económica para los gobiernos, pero además y lo más grave constituyen riesgos graves e inseguridad, lo que requiere acciones contundentes y urgentes para evitar desgracias que más tarde pudieran lamentarse…

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