Crisis ixtleca

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Crisis ixtleca
Por  David Alanis  6 de Septiembre de 2019, 12:03 pm

De acuerdo con la Enciclopedia Libre, la Administración pública se define de la siguiente manera: “La administración pública es un sistema de límites imprecisos que comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. Por su función, la Administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político (servidores públicos), «satisfaciendo» los intereses colectivos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata. La forma en la cual la Administración Pública se relaciona con la ciudadanía y la dinámica gubernamental a la que está sujeta la convierten en una subdisciplina académica de la Ciencia Política. Es por ello que la Administración Pública es estudiada junto con dicha ciencia social de forma conjunta y complementaria.

La administración pública de igual modo “se encuentra principalmente regulada por el poder ejecutivo y los organismos que están en contacto permanente con el mismo. Por excepción, algunas dependencias del poder legislativo integran la noción de «Administración pública» (como las empresas estatales), a la vez que pueden existir juegos de «Administración general» en los otros cuatro poderes o en organismos estatales que pueden depender de alguno. La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de la educación pública, así como a los profesionales de los centros estatales de salud, la policía, las fuerzas armadas, el servicio de parques nacionales y el servicio postal. Se discute, en cambio, si la integran los servicios públicos prestados por organizaciones privadas con habilitación del Estado. El concepto no alcanza a las entidades estatales que realizan la función legislativa ni la función judicial del Estado”.

Después de todo lo anterior, es claro que la principal responsabilidad de las autoridades de cualquier nivel, es justamente la administración del os recursos propiedad de la nación, el estado o el municipio. Lo mismo con los que se encuentran en el poder legislativo o el judicial. Son administradores. Razón por la cual, de no tener buenos resultados en la tarea primordial de “administrar” cualquier “autoridad” estaría reprobada.

Lo decimos porque pareciera increíble que un municipio tan pequeño como Puente de Ixtla, con un presupuesto anual poco mayor a los 170 millones de pesos, tiene adeudos tan sólo por laudos, por 53 millones de pesos, algunos condenatorios, como el de un elemento policiaco que reclama más de un millón de pesos y por el cual ayer un fue ordenada la inhabilitación de todo el cabildo de ese lugar. A esos adeudos hay que sumarle los que tienen con los proveedores y los muchos pendientes con los trabajadores en términos de salarios y prestaciones como el aguinaldo.

Pero vayamos un poco al pasado para entender el presente de ese tan golpeado municipio de la zona sur del a entidad. Hace 13 años, para ser precisos en el 2006 fue publicado en la revista Proceso que “La Auditoría Superior Gubernamental (ASG) denunció penalmente por presunta malversación de recursos públicos, peculado, defraudación fiscal y lo que resulte, a cinco alcaldes del sexenio que concluye –uno del primer trienio y cuatro aún en funciones–, por un monto de más de cuatro millones de pesos. De prosperar las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), derivadas de las auditorías correspondientes al año 2003, podrían ir a prisión el panista de Puente de Ixtla, Luciano Abarca Villalobos, y el exalcalde de esa misma localidad, el priista Julio Espín Navarrete…la SC/4a/6359/05-09, el alcalde panista de Puente de Ixtla, Luciano Abarca Villalobos y su antecesor, el priista Julio Espín Navarrete, son acusados de desviar 850 mil pesos”. Desde entonces ya se hablaba de malos manejos económicos en esa demarcación. SI recordamos, Julio Espín ha sido presidente en dos ocasiones y diputado local recientemente (2012-2015), pero además quien designó a su sucesora en la alcaldía, Dulce María Medina Quintanilla, esposa de Josué Espíndola, mano derecha de Julio Espín y con quien fraguó y cometió una serie de actividades, con gasto al erario, que les dejaron jugosas ganancias.

Frente a todo esto, es claro que los malos manejos en Puente de Ixtla llevan al menos 20 años, y casualmente todos asociados a Julio Espín, quien dejó un municipio muy pobre, pero vive una vida llena de lujos. En su momento negociaron políticamente las observaciones administrativas que le hicieron a la administración de Puente de Ixtla, pero ya es tiempo de quienes durante años se han robado el dinero de los ixtlecos, vean caer el peso de la justicia sobre ellos…


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