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De cabeza…
Por  David Alanis  14 de Septiembre de 2019, 01:29 am

Esta semana que concluye justamente con el inicio de los festejos patrios, ha sido complicada en el ambiente que se vive al interior de los poderes, pero sobre todo en el Tribunal Superior de Justicia, el máximo órgano para la impartición de justicia en la entidad. Una lucha por el poder, mantiene confrontados a los magistrados, mientras se resuelve en la máxima Corte, si procede o no, el acuerdo parlamentario por el que se reducen de 20 los años que deben permanecer los magistrados del poder judicial de nuestra entidad, tal como estaba el término hasta antes de que el ex gobernador tabasqueño Graco Ramírez, premiara a sus incondicionales, tras el inicio del juicio político contra el hoy gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuando fungía como presidente municipal del a capital, lo cual finalmente fue derribado por la SCJ.

En abril pasado, Leonel Díaz Rogel, abogado y colaborador de esta Casa Editorial, detalló lo que sucede al interior del TSJ y por lo cual comprendemos las razones por las cuales la presidenta, María del Carmen Verónica Cuevas, se resiste a dejar la magistratura y aún más la presidencia de ese importante poder. En su colaboración, el abogado quien a su vez solicitó al Congreso local el inicio de un juicio político para la cuestionada presidenta del Tribunal de Justicia, detalla las complicidades y los actos de nepotismo que se viven al interior de ese órgano que debiera ser ejemplo de transparencia, verdad y honestidad.

A continuación, consignamos, la segunda de cuatro partes del trabajo realizado por Leonel Díaz Rogel, recogido justamente del devenir al interior del TSJ, lo demás ya es historia: “5 de mayo del 2018, reelección manipulada, a ultranza de la perversión para ejercer el autoritarismo acostumbrado por Graco, su alfil y alumna preferida, desde el TSJ, con 13 votos de magistrados que entre otros favores y privilegios, a cambio colocaron a sus familiares en la nómina del poder judicial, logra reelegirse Cuevas aun y estando en condiciones de exhibición pública por las prácticas de corrupción que para entonces, mediante denuncias que circulan en medios y redes, se habrían incrementado en su contra sumado al rechazo del gremio del litigio cotidiano que a pulso ha obtenido la mencionada pastora y encumbrada presidenta del TSJ.

Para el 3 de septiembre del 2018, personal del TSJ que por el transcurso del tiempo y su entrega a labores del tribunal, estarían exigiendo nuevos decretos jubilatorios, la presidenta y sus cómplices del acoso laboral en que se tiene a la base trabajadora, hicieron mutis y en lugar de atender esas sentidas demandas laborales, incurrieron en omisiones amparadas por controversias constitucionales en contra de jubilaciones anteriores a ésta fecha y además, dejaron de atender los reclamos de la clase trabajadora que en condiciones totalmente desiguales realizan sus actividades en el Tribunal.

De lo anterior se sabe, que para estar con ambientes de tranquilidad y privilegios, para su permanencia, aunado a que cumplan con requisitos para su ingreso, deberán sumarse a las actividades religiosas que les impone la presidenta y un grupo de seguidores en sus rituales religiosos que difunde; sobre esta petición de nuevos decretos jubilatorios se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicando que  podría destituir a varios diputados de la 54 Legislatura local a consecuencia de que sus antecesores no cumplieron en tiempo y forma con la sentencia de una controversia judicial que los obliga a emitir nuevos decretos en los que se asentara el derecho de jubilación para los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, así como la ampliación del presupuesto correspondiente.

8 de octubre del 2018, para congraciarse con el titular del Ejecutivo en turno, mediante una trama orquestada entre la presidenta y otros de sus alfiles del TSJ, sumado a obsequiar lo que la Corte le impuso como obligación en favor de Cuauhtémoc Blanco Bravo, es decir, su absolución en el juicio político que dicha presidenta festinó y alimentó junto con Graco en su momento, ahora apareció para decir que el edificio del poder judicial para juicios orales de Atlacholoaya, siempre sí le parecía que tiene inconsistencias, haciendo del conocimiento ello a la secretaría de obras públicas, lo que le dejó más expuesta a la rechifla de propios y extraños al tribunal, ya que en su función, dicha servidora tiene que velar por la seguridad del personal y de los usuarios de servicios que debe garantizar el TSJ, a la par de la honestidad en inversión de obras destinadas al patrimonio inmobiliario del poder judicial.

Octubre 9 del 2018, atendiendo a los intereses creados entre Cuevas López y Graco, durante la edificación de la ciudad judicial en Atlacholoaya, dicha magistrada omitió defender la honestidad, seguridad y calidad de la edificación, de manera que para lavarse las manos de forma por demás absurda y ridícula se exhibe al manifestar que dicha obra estaría siendo auditada en su pertinencia, hasta la ocupación por parte de los juzgados orales penales, la única verdad es que dicha inversión está plagada de inconsistencias y corrupción, de las que la gestión de Cuevas ha sido coparticipe por acción u omisión, máxime que se supone conocedora de las normas relativas a la inversión del presupuesto del TSJ o de las que atiendan obras destinadas a dicho poder judicial, de lo que no tiene justificación alguna la conducta reiterada en que se ve involucrada constantemente respecto de obras, compras y otras inversiones por adquisición de productos, materiales, servicios, mantenimiento u obras del patrimonio público llámese TSJ.

El 13 de octubre del 2017 y 6 de diciembre del 2018 entre otras denuncias por despidos injustificados, se dieron a conocer los atropellos que sufrieron diversos trabajadores, con señalamientos directos a la presidenta del tribunal y su jefe de asesores Alejandro Becerra.

La situación del acoso laboral en el TSJ ha sido constante y va a la alza, mientras ello ocurre, el sindicato de trabajadores brilla por su ausencia en la defensa de los afectados, teniendo que personal de confianza, eventuales, auxiliares, actuarios, secretarios y jueces que no comulgan con maniobras corrompidas o las creencias religiosas de Cuevas y su pandilla, sufren los estragos de la persecución, enjuiciamientos sumarísimos y despidos que atentan contra el derecho humano al trabajo, imponiéndose las sanciones generalmente, por parte de la “Comisión” creada y sostenida a esta fecha, para establecer la actividad laboral del TSJ en medio del autoritarismo que ejerce la presidenta a través de incondicionales y capataces; al respecto, desde el 27 de diciembre del 2017, los representantes de medios y en redes, dieron cuenta de la exigencia proveniente del foro morelense de abogados para que cese el acoso laboral que a este día sigue siendo política de actuación de Cuevas López...”

 


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