Más contratos a operadoras sancionadas en España

lunes, 17 de junio de 2019
Más contratos a operadoras sancionadas en España

Elecnor y Abengoa desarrollarán proyectos en Chihuahua, Guanajuato y Baja California

Por 
Dulce Valdepeña
21 de Mayo de 2019 , 09:04 am
El gasoducto Morelos, es considerado por estas empresas, una de las más importantes inversiones en México
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Dulce Valdepeña

Elecnor y Abengoa, dos empresas españolas que se adjudicaron el contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el Proyecto Integral Morelos (PIM) aumentan el número de licitaciones en México mientras que en su natal España fueron sancionadas por pertenecer a cárteles de licitación de entre 15 empresas por 118 millones de euros y 14 directivos por 666.000 euros.

Contratos y recursos

Abengoa informó en un comunicado que concluyó el pasado viernes un proyecto de transmisión para la CFE consistente en el desarrollo de cuatro líneas de transmisión y dos subestaciones.

Este contrato fue adjudicado bajo la modalidad de “Obra Pública Financia a Precio Alzado” por un importe de 17,3 M$ (15,5 M€). La línea de transmisión ayudará a evacuar la energía producida por la central de ciclo combinado Norte III, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua y cuya desinversión completó Abengoa en 2017.

Elecnor, por su parte, se ha adjudicado un contrato para la ampliación de seis subestaciones en México por un presupuesto de 5,7 millones de dólares.

El proyecto creará en torno a 300 puestos de trabajo en los estados de Guanajuato y Baja California y ha sido licitado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México. Se ejecutará en los próximos 450 días -desde el pasado 3 de mayo- y tiene prevista su finalización para junio de 2020.

Ubicada en la comunidad de Huexca, la Central de Ciclo Combinado (CCC) no ha funcionado desde su construcción por la oposición de pobladores ante la falta de consenso y entre otras causas, al expansionismo extranjero a costa de los recursos naturales.

Dentro de este desarrollo concesional, el Grupo Elecnor consideró que en 2011 dio “un paso importante” con la adjudicación, por parte de la CFE del contrato para el PIM con el servicio de transporte de gas natural por un período inicial de 25 años, renovables por nuevos períodos.

Este contrato implicó la construcción, operación y mantenimiento del primer gasoducto de Elecnor en México “que podrá dar servicio a otros clientes” y para el que se planificó una inversión de 270 millones de dólares.

Contra estas cifras avasalladoras, el frente de pueblos en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, defiende su postura para rechazar la operación de la CCC por los últimos siete años.

Los 25 años de presencia de Elecnor en México se visibilizan con 70 subestaciones eléctricas con un total de 7.000 MVAr de potencia instalada, el tendido de más 1.100 kilómetros de líneas de transmisión y de 255 kilómetros de fibra óptica, la construcción o rehabilitación de seis hospitales o el desarrollo de dos centrales de ciclo combinado, una central hidroeléctrica y un gasoducto de aproximadamente 170 km mientras que Abengoa, ha desarrollado más de 6.500 km de líneas de transmisión y distribución con 38 años de presencia en México.

La construcción de las termoeléctricas para generar 620 MW fue concesionada a la española ABENGOA que desde Sevilla, España, emitió un comunicado de prensa el 5 de diciembre del 2011 en el que afirmó obtener la licitación por 440 millones de dólares para encargarse de la ingeniería y desarrollo integral.

Cárteles de la Electrificación

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) de aquel país incluyó a estas dos empresas de entre 15 por formar tres cárteles para el reparto de concursos públicos de infraestructura de manera ilícita y activó la prohibición de contratar con la Administración.

Bajo el nombre de Inabensa, Abengoa fue multada por más de 11 millones de euros mientras que Elecnor por una cifra superior a los 20 millones.

La CNMC informó en un comunicado que los acuerdos de un sólo cártel fueron cambiando durante los años que estuvo en marcha, desde abril de 2008 y hasta marzo de 2016. En total se repartieron contratos por valor de casi 838 millones de euros durante 8 años.

“El funcionamiento de este entramado, en un primer momento, consistió en el reparto a partes iguales de la facturación y margen de varias licitaciones a través de la constitución de diversas UTE (Unión Temporal de Empresas). La estrategia consistía en que las UTE que fuesen adjudicatarias de los contratos cederían un importe de la producción y margen de beneficio a las no adjudicatarias, que presentarían ofertas de cobertura o acompañamiento con la intención de no ser adjudicatarias”, explicó.

Es decir, los directivos de las principales empresas del sector suscribieron un acuerdo para repartirse todas las licitaciones a través de un mecanismo de manipulación en las licitaciones públicas o privadas.

La existencia de un reducido número de licitadores, incoherencias en las ofertas, similitudes injustificadas y otros patrones de comportamiento sospechoso forman parte de una guía que elaboró la CNMC para evitar este tipo de fraudes aunque en México su desarrollo se siga extendiendo.

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