Red de complicidades permite colocar a familiares en nómina

Sábado, 20 de April de 2019
Red de complicidades permite colocar a familiares en nómina

Crónica de la corrupción y el imperio de impunidad del TSJ

Por 
Leonel Díaz Rogel
9 de Abril de 2019 , 11:20 am
María del Carmen Verónica Cuevas López, magistrada presidente del TSJ
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Especial

5 de mayo del 2018, reelección manipulada, a ultranza de la perversión para ejercer el autoritarismo acostumbrado por Graco, su alfil y alumna preferida, desde el TSJ, con 13 votos de magistrados que entre otros favores y privilegios, a cambio colocaron a sus familiares en la nómina del poder judicial, logra reelegirse María del Carmen Verónica Cuevas López, aún estando en condiciones de exhibición pública por las prácticas de corrupción que para entonces, mediante denuncias que circulan en medios y redes, se habrían incrementado en su contra sumado al rechazo del gremio del litigio cotidiano que a pulso ha obtenido la mencionada pastora y encumbrada presidenta del TSJ.

Para el 3 de septiembre del 2018, personal del TSJ que por el transcurso del tiempo y su entrega a labores del tribunal, estarían exigiendo nuevos decretos jubilatorios, la presidenta y sus cómplices del acoso laboral en que se tiene a la base trabajadora, hicieron mutis y en lugar de atender esas sentidas demandas laborales, incurrieron en omisiones amparadas por controversias constitucionales en contra de jubilaciones anteriores a ésta fecha y además, dejaron de atender los reclamos de la clase trabajadora que en condiciones totalmente desiguales realizan sus actividades en el Tribunal.

Trabajo y religión

De lo anterior se sabe, que para estar con ambientes de tranquilidad y privilegios, para su permanencia, aunado a que cumplan con requisitos para su ingreso, deberán sumarse a las actividades religiosas que les impone la presidenta y un grupo de seguidores en sus rituales religiosos que difunde; sobre esta petición de nuevos decretos jubilatorios se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicando que podría destituir a varios diputados de la 54 Legislatura local a consecuencia de que sus antecesores no cumplieron en tiempo y forma con la sentencia de una controversia judicial que los obliga a emitir nuevos decretos en los que se asentara el derecho de jubilación para los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, así como la ampliación del presupuesto correspondiente.

8 de octubre del 2018, para congraciarse con el titular del Ejecutivo en turno, mediante una trama orquestada entre la presidenta y otros de sus alfiles del TSJ, sumado a obsequiar lo que la Corte le impuso como obligación en favor de Cuauhtémoc Blanco Bravo, es decir, su absolución en el juicio político que dicha presidenta festinó y alimentó junto con Graco en su momento, ahora apareció para decir que el edificio del Poder Judicial para juicios orales de Atlacholoaya, siempre sí le parecía que tiene inconsistencias, haciendo del conocimiento ello a la secretaría de obras públicas, lo que le dejó más expuesta a la rechifla de propios y extraños al Tribunal, ya que en su función, dicha servidora tiene que velar por la seguridad del personal y de los usuarios de servicios que debe garantizar el TSJ, a la par de la honestidad en inversión de obras destinadas al patrimonio inmobiliario del poder judicial.

Octubre 9 del 2018, atendiendo a los intereses creados entre Cuevas López y Graco, durante la edificación de la Ciudad Judicial en Atlacholoaya, dicha magistrada omitió defender la honestidad, seguridad y calidad de la edificación, de manera que para lavarse las manos de forma por demás absurda y ridícula se exhibe al manifestar que dicha obra estaría siendo auditada en su pertinencia, hasta la ocupación por parte de los juzgados orales penales, la única verdad es que dicha inversión está plagada de inconsistencias y corrupción, de las que la gestión de Cuevas ha sido coparticipe por acción u omisión, máxime que se supone conocedora de las normas relativas a la inversión del presupuesto del TSJ o de las que atiendan obras destinadas a dicho poder judicial, de lo que no tiene justificación alguna la conducta reiterada en que se ve involucrada constantemente respecto de obras, compras y otras inversiones por adquisición de productos, materiales, servicios, mantenimiento u obras del patrimonio público llámese TSJ.

Acoso laboral, pan de cada día

El 13 de octubre del 2017 y 6 de diciembre del 2018 entre otras denuncias por despidos injustificados, se dieron a conocer los atropellos que sufrieron diversos trabajadores, con señalamientos directos a la presidenta del tribunal y su jefe de asesores Alejandro Becerra.

La situación del acoso laboral en el TSJ ha sido constante y va a la alza, mientras ello ocurre, el sindicato de trabajadores brilla por su ausencia en la defensa de los afectados, teniendo que personal de confianza, eventuales, auxiliares, actuarios, secretarios y jueces que no comulgan con maniobras corrompidas o las creencias religiosas de Cuevas y su pandilla, sufren los estragos de la persecución, enjuiciamientos sumarísimos y despidos que atentan contra el derecho humano al trabajo, imponiéndose las sanciones generalmente, por parte de la “Comisión” creada y sostenida a esta fecha, para establecer la actividad laboral del TSJ en medio del autoritarismo que ejerce la presidenta a través de incondicionales y capataces; al respecto, desde el 27 de diciembre del 2017, los representantes de medios y en redes, dieron cuenta de la exigencia proveniente del Foro Morelense de Abogados para que cese el acoso laboral que a este día sigue siendo política de actuación de Cuevas López. 

El pasado 6 de noviembre nuevamente quedó evidenciada dicha práctica que carcome las estructuras y destruye la credibilidad hacía el Poder Judicial tanto en el ámbito Federal como en los Estados y Morelos no es la excepción; de ello dio cuenta la denuncia pública realizada en la referida fecha por parte de organizaciones de litigantes, quienes con razón y justificación protestaron por la designación directa de jueces de primera instancia y menores que realizó la cuestionada presidenta del referido Tribunal, dando a conocer que los agraciados con dicha imposición resultan ser familiares y allegados a magistrados, sin que se dieran oportunidades a litigantes y funcionarios de carrera judicial para los cargos vacantes.

Ésta autoritaria designación fue violatoria a la normatividad que rige para su validación, desde el año 2017 fueron documentados actos de corrupción al haberse erogado dinero del presupuesto del TSJ en los procesos simulados de éstas designaciones, aunado a que se alimentó más el amiguismo y nepotismo rampante ya estilado siempre por parte de la citada presidenta, de manera concreta se habría evidenciado el nepotismo a partir de nombramientos de ocho jueces, por estar basados en nepotismo y simpatías de la presidenta del TSJ, citándose como ejemplo, el nombramiento como juez de primera instancia de Manuel Jiménez Aquino, hijo de la actual magistrada y ex colaboradora de Graco Ramírez, Carmen Aquino Celis.

Parte 2 de 4

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