El TSJ bajo vigilancia ciudadana

Sábado, 20 de April de 2019
El TSJ bajo vigilancia ciudadana

Magistrados y jueces deben administrar justicia no violar la ley

Por 
Leonel Díaz Rogel
11 de Abril de 2019 , 11:35 am
El Tribunal bajo vigilancia ciudadana 
 Foto: 
Margarito Pérez

Reiteradamente ha sido denunciada la actuación imperialista y autoritaria de Cuevas López, la última nota la dio a partir de su omisión para cumplir con mandatos de la SCJN, agrupaciones de abogados especializados dieron cuenta del riesgo en que ha colocado dicha funcionaria del Poder Judicial a sus pares del Ejecutivo y Legislativo, existiendo 116 Controversias impulsadas por Cuevas, lo cierto es que el recurso financiero del Tribunal no se ha empleado para sus objetos y fines, dicha actuación de la presidenta dista de ser justa y más bien se trata de una estrategia para evadir el cumplimiento jurisdiccional que en aras de velar por el derecho humano laboral le ha sido impuesto por el Supremo Tribunal de la Nación; tal vez calcula apoyada en sus incondicionales o perversos asesores, a que el tiempo le permita materializar su omisión y heredar así la tarea obligada, a quien le suceda en el cargo; pero en dicha estrategia dolosamente enfocada desde Graco y acompañada por Cuevas López, se obtienen plazos perentorios próximos los riesgos a la ingobernabilidad e inestabilidad para el Estado, y es que dicha presidenta ya contaminó con su aberrante actuar, a los actuales poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Sin duda alguna que en el caso de la gestión de Cuevas López se dan las hipótesis de sanción que la Ley impone, más aún cuando que aunado a la pléyade de conductas de opacidad y corrupción que de su parte se tienen como una premisa, la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, en el ejercicio de su función como magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y tiempo atrás del entonces Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, incluso en la actualidad como Presidenta de la Comisión transitoria que ahora ejerce las funciones de dicho Consejo; ha incurrido en actos u omisiones consideradas graves que prevé la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el artículo 10, específicamente las fracciones I. Cualquier violación a la Constitución Política del Estado, cuando cause daños o perjuicios graves o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; IV. La usurpación de atribuciones; V. La violación grave a las garantías de los gobernados; y VI. El abandono o desatención injustificada de las funciones que se le han encomendado.

Y es que los elementos constitutivos de la aludida infracción se tienen acreditados a plenitud tal y como a continuación se describen: Reiteradamente ha omitido convocar a sesión del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, para el efecto de emitir la convocatoria correspondiente, que dé lugar a la ejecución del procedimiento de designación del Representante de los Jueces ante dicho Órgano de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial Local; lo que trajo como consecuencia que el funcionamiento normal del entonces Consejo de la Judicatura se viera gravemente afectado, pues es de explorado derecho que no puede recaer en los Órganos Colegiados, decisiones o resoluciones a partir de una integración par, es decir para que constitucionalmente sean legitimados los actos deliberativos de cualquier cuerpo Colegiado, requiere de una integración impar.

Omitió controvertir ante la Corte el Decreto número 1613 que reforma y adiciona a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, sobre los Tribunales de nuestro Estado, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5477, de fecha 24 de febrero de 2017, y que amplía el periodo del cargo de los magistrados, con la única perversa y ventajosa finalidad, de eliminar la evaluación del ejercicio de cargo y desempeño del mismo, además de obtener un beneficio de carácter personal y propio, no tan solo por la ampliación de seis años, sino la posibilidad de reelegirse por un periodo de dos años más como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como, ha sido coparticipe en la actual Comisión Temporal que inicialmente sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura.

Decidió de manera unilateral, arbitraria e ilegal no acatar lo que disponen los artículos 40 fracción XX inciso M), 131 fracción IV, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que se hacen constar en el pago de las pensiones por jubilación, cesantía por edad avanzada, viudez u orfandad, a la que cientos de trabajadores del Poder Judicial del Estado de Morelos, accedieron, esto mediante la expedición de sendos decretos de Ley, que el Congreso del Estado de Morelos emitió, a efecto de conceder a dichos trabajadores en retiro la pensión correspondiente; y por el contrario, en detrimento de la dignidad humana de los trabajadores del Poder Judicial Local, ha impugnado vía controversias constitucionales al por mayor; en donde por cierto el pasado cuatro de marzo de este año, la Corte en Pleno calificó al Poder Judicial en una conducta contumaz poniendo no sólo en riesgo de ser destituidos a sus compañeros magistrados, sino al Poder Legislativo y al propio gobernador CBB porque de esta última oportunidad que da la Corte, de no cumplir podrían ser destituidos y consignados ante un juez federal por abuso de autoridad.

Con impunidad total la presidenta sigue haciendo de las suyas, otro de tantos atropellos a la vida de legalidad es cuando Cuevas López decidió de manera unilateral y arbitraria, suspender el proceso denominado “Concurso abierto de oposición para acceder al cargo de juez de primera instancia o menor, mixtos del tribunal superior de justicia del estado de Morelos”, desde el día 3 de diciembre de 2018, el cual fue desahogado únicamente en su segunda etapa, en razón de que mediante escritos de recusación de fechas uno y siete de diciembre de dos mil diecisiete, signados por Jorge Luis López Flores, en su carácter de participante de dicho concurso de oposición para acceder al cargo de Juez, recusó al magistrado entonces consejero de la Judicatura, Rubén Jasso Díaz, respecto de la omisión de no haberse excusado dentro de dicho proceso, debido a la participación de su concuño de nombre Édgar Díaz Martínez, quien es cónyuge de su cuñada Eva Victoria Ulloa Zamora, hermana de la cónyuge del recusado magistrado, esto por considerar el referido accionante de la recusación, una falta de parcialidad en el referido concurso de oposición, toda vez que el magistrado recusado Rubén Jasso Díaz, omitió excusarse de intervenir en dicho proceso de oposición, sin embargo dicho magistrado no lo hizo, desde el inicio del mismo, toda vez que él participó aprobando la lista de aspirantes a dicho concurso, entre los cuales se encontraba su referido concuño.

Acto de corrupción que ha encubierto la servidora pública Verónica Cuevas López, quien de manera unilateral y sin existir incluso acuerdo de los Integrantes de aquel Órgano Colegiado denominado Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, decidió paralizar dicho proceso de designación y omitir en todo momento, citar a los Integrantes del extinto Consejo de la Judicatura, a efecto de analizar y resolver la recusación planteada en contra del magistrado Rubén Jasso Díaz.

Por último Cuevas López ha incumplido a lo estipulado por el Decreto 2611, Publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5591, de fecha 04 de abril de 2018, que crea la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, ente facultado para ejercer las funciones del extinto Consejo de la Judicatura Local; incumplimiento que se traduce en la omisión de no convocar a sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para definir la conformación de dicho ente.

Sin lugar a dudas que la permanencia en el cargo de presidenta del TSJ sigue afectando a la institución y quienes solapan dicha situación con cargos de magistrados, jueces, asesores u otros, tarde que temprano concluirán evidenciados, y serán llamados para que respondan ante la sociedad que les mantiene en sus espacios para que administren justicia no para que la violen.

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