Dos años de la tragedia por socavón

Sábado, 08 de agosto de 2020
  • Sociedad y justicia
Dos años de la tragedia por socavón
Jesús Rodríguez

Aún hay dudas sobre la viabilidad de la obra

Jul 12 2019 - 10:57
 

A las 05:40 horas de la mañana del 12 de julio de 2017, Juan Mena López, y Juan Mena Romero, padre e hijo, quienes manejaban su vehículo rumbo a su trabajo, cayeron en un socavón que se abrió intempestivamente en la cinta asfáltica del apenas inaugurado Paso Exprés de Cuernavaca.

Ese día, pese a la movilización de autoridades municipales, estatales y federales, la mala calidad de la obra, las fuertes lluvias de ese momento y la impericia, hicieron imposible el rescate de ambos a tiempo.

Y ahí comenzó la tragedia en torno al llamado “Paso de la muerte”, el descubrimiento de la corrupción y omisión gubernamental en la construcción de obra de mala calidad: sin desfogue de aguas pluviales, sin pasos peatonales, con puentes que se movían, coladeras expuestas, sin rampas de frenado, sin acceso a los carriles centrales, sin salidas de emergencia...

Ese fue el primero de decenas de accidentes, afectaciones a los vecinos de la zona de Chipitlán, Los Pinos, el Fraccionamiento Arroyo de Cristo y usuarios de esta vía, considerada como una de las obras estrella del gobierno de Enrique Peña Nieto.

46 puntos de riesgo por resolver

La obra se licitó en noviembre de 2014 y se adjudicó al consorcio Construcciones Aldesem, de la española Aldesa, y Epccor Construcción; por un monto de mil 45 millones 857 mil pesos. La obra se duplicó en su costo  hasta alcanzar una inversión de 2 mil 350 millones de pesos.

Fue inaugurada hasta el 5 de abril de este año, 128 días después del plazo establecido, y sin concluir, por Enrique Peña Nieto. Apenas 98 días después, la obra colapsó y la autoridad culpó a las “atípicas” lluvias.

En julio del 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones a ocho servidores públicos, derivado de la resolución de 21 procedimientos de responsabilidad administrativa por estos hechos.

Entre los servidores públicos sancionados, siete están adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y uno más a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y ocupan cargos de nivel residente de obra, residente general, subdirector, director general adjunto y director general.

Aun ahora, a dos años de la muerte de los dos morelenses, la obra del Paso Exprés tiene aún 46 puntos de riesgo por resolver. Sigue siendo un asunto pendiente.

 

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